La Resolución del Parlamento Británico sobre la Eutanasia.

El reciente debate en el Parlamento del Reino Unido sobre la eutanasia ha puesto de manifiesto las tensiones entre los principios de autonomía y protección de la vida. Aunque la eutanasia sigue siendo ilegal en el país, la discusión parlamentaria no solo resalta las demandas sociales por la legalización, sino que también abre un espacio para futuras deliberaciones, con un enfoque en la realización de estudios y consultas sobre las implicaciones éticas y legales del tema. Esta resolución refleja la cautela legislativa frente a un tema de gran complejidad moral y social.

Desde la perspectiva bioética, la eutanasia implica una serie de dilemas éticos fundamentales: la autonomía del paciente para decidir sobre su vida, el principio de no maleficencia, y la dignidad humana. La controversia radica en si la intervención estatal debe respetar el derecho del individuo a elegir la muerte asistida frente a la obligación del Estado de proteger la vida. Además, se plantea el reto de definir el sufrimiento "insoportable" y si este justifica el acto de la eutanasia, o si la atención paliativa debería ser la solución preferente. En este contexto, el debate sobre la eutanasia debe abordar también los sistemas de cuidado y apoyo, garantizando que los pacientes tengan acceso a opciones dignas para enfrentar el final de la vida sin recurrir a la muerte asistida.

EL ENCARNIZAMIENTO TERAPÉUTICO Y LA IGLESIA CATÓLICA.

 

El ensañamiento terapéutico, también denominado encarnizamiento terapéutico, se refiere a la intervención médica que prolonga el proceso de morir mediante el empleo de medios extraordinarios o desproporcionados, aun cuando no exista una expectativa razonable de recuperación. Este enfoque terapéutico no tiene como objetivo la curación, sino el retraso del desenlace inevitable, lo que puede conllevar un incremento significativo en el sufrimiento físico y psicológico del paciente.

El concepto de ensañamiento terapéutico se caracteriza por tres elementos fundamentales:

1. Ineficacia terapéutica: Los tratamientos aplicados no ofrecen un beneficio clínico significativo en términos de mejora o curación del paciente.

2. Desproporcionalidad de los medios: Los recursos empleados no guardan una relación adecuada entre el riesgo asumido y los beneficios esperados.

3. Sufrimiento añadido: Las intervenciones prolongan innecesariamente el proceso de agonía, infligiendo dolor adicional o comprometiendo la dignidad del paciente.

Desde el punto de vista ético, es relevante considerar la postura de la Iglesia Católica, la cual sostiene que la dignidad humana en la etapa final de la vida implica el derecho a una muerte serena, preservando la dignidad personal.

El Magisterio de la Iglesia enfatiza que cualquier acto médico debe orientarse a la preservación de la vida, no buscar la muerte. Aunque la medicina moderna dispone de técnicas que permiten prolongar artificialmente la vida, estas no siempre proporcionan un beneficio real para el paciente. En situaciones de muerte inminente e inevitable, es éticamente lícito y científicamente razonable la decisión de suspender aquellos tratamientos que únicamente prolongarían la vida de manera precaria y dolorosa. No obstante, esto no implica la omisión de cuidados básicos, tales como la hidratación, nutrición y otras intervenciones que mantengan las funciones fisiológicas esenciales, siempre y cuando el organismo del paciente sea capaz de beneficiarse de ellas. No podemos dejar de mencionar la postura del "doble efecto", perfectamente admitida por la Iglesia en que, cuando la muerte es inevitable, el hecho de tratamientos con objeto de evitar el sufrimiento pueda adelantar la muerte. Es una cuestión de intenciones, no se busca la muerte sino aliviar el sufrimiento.

La renuncia a terapias extraordinarias o desproporcionadas no debe ser interpretada como eutanasia ni suicidio asistido, sino como una aceptación de la condición humana frente a la muerte. Esta decisión refleja una evaluación ponderada de los beneficios y limitaciones de los tratamientos, considerando la calidad de vida del paciente. Además, puede respetar la voluntad del enfermo, manifestada en sus directivas anticipadas, siempre que no implique un acto eutanásico o de suicidio asistido.

¿ UN NUEVO DERECHO HUMANO LA GESTACIÓN SUBROGADA?

 Un nuevo documento de orientación del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sugiere que la gestación subrogada (gestación subrogada), incluida la «gestación subrogada comercial», debe considerarse como una elemento de «planificación familiar integral«, o incluso como un derecho humano.

Una nueva definición de “planificación familiar integral”

De hecho, el documento propone una nueva definición de “planificación familiar integral”, es decir, “un enfoque holístico de la planificación familiar y la formación”. “Abarca servicios de planificación familiar, una variedad de métodos anticonceptivos, tratamientos de fertilidad, adopción, acogimiento familiar y maternidad subrogada”, detalla el informe.

Sin embargo, la gestación subrogada es un «tema controvertido» a nivel internacional, particularmente porque plantea preocupaciones sobre la explotación de las mujeres, en particular de las mujeres pobres en los países en desarrollo que son contratadas como madres sustitutas por patrocinadores de países ricos.

¿Del aborto a la maternidad subrogada?

Hasta entonces, cuando el UNFPA había utilizado el término “planificación familiar integral” en publicaciones, incluido un documento marco de 2023  sobre “planificación familiar basada en los derechos humanos”, se había centrado en “servicios” destinados a limitar o espaciar los nacimientos. La agencia no mencionó las técnicas de reproducción asistida.

El nuevo informe del UNFPA, que se centra en el papel del sector privado en la promoción de «la salud y los derechos sexuales y reproductivos«, insiste en que «no considera ni promueve el aborto como un método de planificación familiar» y que «respeta el derecho soberano de los países para decidir hasta qué punto el aborto es legal”.

Sin embargo, el Fondo ha sido “una de las agencias de las Naciones Unidas más agresivas en la promoción del aborto en el mundo”. El informe, sin embargo, no contiene ninguna advertencia sobre la gestación subrogada, cuyo estatus legal varía considerablemente de un país a otro, y no menciona ninguna preocupación ética.

¿El “derecho a tener un hijo”?

Según el informe, la subrogación, “al igual que la adopción y el cuidado de crianza”, es una forma  de “adapta” los “servicios” “a diferentes sexos, géneros, orientaciones y expresiones sexuales”. «El apoyo financiero para tratamientos de fertilidad, maternidad subrogada, adopción y congelación de óvulos puede ampliar las opciones de las mujeres y ayudarlas a prosperar en el lugar de trabajo«, se afirma también.

En el glosario se define con más detalle la noción de “justicia reproductiva”. Sus “tres valores fundamentales” son “el derecho a tener un hijo, el derecho a no tener un hijo y el derecho a criar a uno o más hijos en un entorno seguro y saludable”.

Aunque el «derecho a tener un hijo» surgió por primera vez en el contexto de «campañas de anticoncepción coercitiva y de esterilización contra mujeres pobres y negras en Estados Unidos«, ahora asociado a la nueva definición de «planificación familiar integral» del UNFPA, refleja un supuesto derecho a tener un hijo “por cualquier medio necesario”.

En España existe un “escenario de desigualdades en salud con problemas de equidad y seguridad jurídica incompatibles con un genuino modelo de derechos"

 España no ha garantizado la universalidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS). Así lo concluye un informe del Comité de Bioética de España sobre el acceso universal al sistema sanitario que responde a una consulta de la Secretaría de Estado de Sanidad del Ministerio de Sanidad. “La cobertura sanitaria universal y el acceso universal al SNS no han sido garantizados ni en su versión inicial (1986) ni mediante la aprobación de leyes posteriores que extendían el ámbito de protección: Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (2003) y Ley General de Salud Pública (2011)”, lamenta el informe.

Además, indica que la reforma de 2012 acentuó esta deficiencia y redujo la universalidad al introducir matices del modelo contributivo. “Tampoco la reforma de 2018 ha podido garantizar la mencionada universalidad, que se ha visto perjudicada por la profusión y variedad normativa de las comunidades autónomas, añadiendo a la desigualdad por razones subjetivas la desigualdad por razones territoriales”, subraya el documento. Por ello, concluye que en España existe un “escenario de desigualdades en salud con problemas de equidad y
seguridad jurídica incompatibles con un genuino modelo de derechos”.

En España existe un escenario de desigualdades en salud con problemas de equidad y seguridad jurídica, según el Comité de Bioética

El documento, recogido por Europa Press, contextualiza que España “situó en primer término” la necesidad de afianzar la asistencia sanitaria más allá de las personas trabajadoras y sus familias, creando un derecho a la asistencia sanitaria que se extendía a todas las personas que habitasen en el país. La normativa elaborada posteriormente, la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (2003), y la Ley General de Salud Pública (2011), extendió esos derechos de manera efectiva a la población migrante, que poseían la misma tarjeta sanitaria que el resto de la población, con independencia de su situación administrativa.

El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, introdujo una vinculación estricta entre el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria y la contribución a la Seguridad Social, “limitando el acceso de personas extranjeras a este derecho para mejorar la solvencia y viabilidad del sistema”, explica el Comité.

El informe señala que la justicia en materia de salud debe preocuparse tanto de los aspectos individuales de la salud como de sus determinantes y condicionantes sociales

El Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (RD-17/2018) puso fin a este escenario. En su preámbulo proclamó la vuelta a la cobertura universal con el objetivo explicito de “garantizar la universalidad de la asistencia, es decir, (…) el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español (…) mediante la recuperación de la titularidad del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, que tengan establecida su residencia en el territorio español”.

Sin embargo, el informe explica que “el retorno al acceso universal a la asistencia sanitaria instaurado por el RD-17/2018 no ha sido tal en la práctica por la confluencia de un factor territorial y un factor personal: el tratamiento normativo diferenciado entre las comunidades autónomas y personas con nacionalidad o permiso de residencia y personas en situación irregular en cuanto al reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria”.

La finalidad de la intervención ética, jurídica y política en materia de salud debería apuntar a un doble objetivo: eliminar las desigualdades inequitativas en salud y garantizar la capacidad de salud

En el periodo transcurrido entre 2012 y 2018 se aprobó una abundante normativa autonómica destinada, en buena medida, a impedir la aplicación de las políticas restrictivas del RD-l 16/2012 referidas a las personas en situación irregular o sin permiso de residencia. Como consecuencia existe “un marco normativo fragmentado y con diferencias sustanciales entre las comunidades autónomas con repercusiones negativas en la garantía de la universalidad, introduciendo distintos niveles de reconocimiento de la titularidad del derecho a la asistencia entre personas con nacionalidad o permiso de residencia y personas en situación irregular y estableciendo barreras difíciles de superar para las personas en situación de especial o extrema vulnerabilidad, destinatarias concretas de la reforma derivada del RD-l 7/2018”, asegura el informe.

Tras estudiar la protección de la salud como derecho a nivel nacional e internacional y la evolución de la regulación jurídica del derecho a la asistencia sanitaria y el acceso al Sistema Nacional de Salud en España, el Comité estima que un instrumento jurídico estatal como el Proyecto de Ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud es una “vía apropiada para lograr una cobertura sanitaria universal en condiciones de justicia, seguridad y eficacia”.

Un reto inmediato: a más ancianos, menos geriatras.

Todos nos hacemos mayores, y por jóvenes que algunos sean, también llegaran a esa edad que todos tememos. La sociedad ha cambiado radicalmente, y la familia tradicional se ha visto alterada inevitablemente por mor de su propia dinámica. Llega un momento en que a los mayores hay que "aparcarlos", y probablemente sea por la necesidad de tenerlos bien cuidados. Nadie lo desea, pero parece que no queda otro remedio. Lo lamentable, y viéndolo desde un punto de vista exclusivamente economicista, es que ante la falta de personal preparado para tan difícil menester, la administración no haya reparado en el yacimiento laboral que puede explotarse para tales funciones. 

En 1950, el 8% de la población estadounidense tenía 65 años o más. En 2023, esa cifra es de alrededor del 17%. Para 2050, se estima que aumentará al 22%. España, ahora, alcanza casi el 19% ¿Quién dará atención médica a la población que envejece?

Geriatras, responderiamos. Pero eso está lejos de ser seguro. Según un artículo de la Revista JAMA , “la profesión de la medicina geriátrica ha caído en declive”, el dr. Jerry H. Gurwitz escribe que:

El número de geriatras certificados por la junta en los EE. UU. cayó de 10270 en 2000 a 7413 en 2022. Este desgaste se relaciona con la jubilación de muchos médicos que estuvieron entre los primeros en obtener la certificación en geriatría, así como con algunos que eligieron no volver a certificarse como requerido cada 10 años. Esta caída se ha visto exacerbada aún más por una cartera de aprendices fallida. En la competencia nacional de becas de geriatría de 2022, solo se cubrieron 177 puestos de los 411 puestos ofrecidos (43 %), el porcentaje más bajo de todas las becas en 71 especialidades de la medicina.

Lo que ocurre en EE,UU, no es muy distinto a lo que pasa en Europa y en España. Hay una serie de razones para el declive. La medicina geriátrica no está tan bien remunerada como otras especialidades; otros médicos también pueden atender a los ancianos; las facultades de medicina tienden a ignorar la medicina geriátrica: pero una de las razones principales es la imagen que se da a la ciudadanía.

En su libro Elderhood de 2019, la geriatra Louise Aronson escribió: “Cuando le digo a alguien lo que hago para ganarme la vida, por lo general tiene una de dos reacciones. O sus rostros se contorsionan como si acabaran de oler algo asqueroso, o me felicitan por mi dedicación desinteresada... Estas respuestas aparentemente opuestas son en realidad las mismas. Ambos implican que lo que estoy haciendo es algo que nadie en su sano juicio haría nunca”.

Cualquiera sea el caso, el citado Dr. Gurwitz teme por el futuro: “Nuestra nación está comenzando a experimentar el impacto total del envejecimiento de nuestra población. Lamentablemente, nuestro sistema de salud y su fuerza laboral no están preparados para enfrentar un aumento inminente de morbilidad múltiple, deterioro funcional, demencia y fragilidad. Esta es la realidad que las organizaciones de atención médica y las escuelas de medicina no han apreciado adecuadamente o han optado por ignorar”.

Volvemos a repetir que es obvio que esas mismas palabras se pueden aplicar perfectamente en España, pues el campo de la geriatría en España se enfrenta a varios retos, entre ellos una implosión demográfica y escasez de geriatras. España solo tiene 850 geriatras para nueve millones de mayores.

Una población cada vez más envejecida, que conduce a un número cada vez mayor de adultos mayores que experimentan deterioro cognitivo, fragilidad física, comorbilidades y aislamiento social, una especialidad médica cada vez más escasa y poco reconocida y una falta de profesionales intermedios capacitados y especializados, no se limita a ser un un reto, sino un futuro incierto más inmediato de lo que creemos y podríamos desear.

Canadá: eutanasia para pobres.

 A medida que el régimen de Asistencia Médica para Morir (MAID) en Canadá se expande, se encuentra con una creciente resistencia. Una crítica frecuente y poderosa en los medios es que algunas personas con enfermedades crónicas, cuya muerte no es razonablemente previsible, eligen morir debido a la pobreza y a la insuficiencia de los servicios sociales. Estas personas no desean morir, pero sienten que no tienen otra opción.

Tal como resalta Michael Cook, los detractores argumentan que estos casos demuestran que las personas están siendo forzadas a elegir la eutanasia y no pueden tomar una decisión verdaderamente autónoma. No obstante, puede que estén luchando contra la corriente. Según una encuesta reciente de Research Co, más de uno de cada cuatro canadienses permitiría la eutanasia para personas sin hogar (28%) y por pobreza (27%). Aún más sorprendente es que la encuesta mostró que el 50% de los canadienses permitiría la eutanasia para las personas que no han podido acceder al tratamiento médico y el 51% para las personas con discapacidad.

Los millennials están aún más a favor. Mario Canseco, director de Research Co, señala en un artículo de opinión en Prince George Citizen que "los adultos más jóvenes de Canadá están muy por delante de sus contrapartes mayores al creer que estas dos razones son lo suficientemente convincentes como para que una persona solicite asistencia médica al morir (60% por discapacidad y 57% por tratamiento médico no disponible)".

Cuando se les preguntó sobre el castigo apropiado para un padre que es declarado culpable de ayudar a morir a un hijo o una hija con una enfermedad terminal, uno de cada cuatro canadienses (24%) no elige ningún castigo.

Una gran mayoría, el 73%, apoya la legislación de eutanasia del país, que ha sido calificada como la más radical del mundo.

 Los canadienses están divididos cuando se preguntan si la enfermedad mental debería ser una justificación para que un adulto busque asistencia médica para morir: el 43% apoya esta idea, mientras que el 45% se opone. El gobierno federal ha retrasado una decisión final sobre la elegibilidad relacionada con la enfermedad mental hasta marzo de 2024.

Sentencia del TC italiano: las mujeres podrán utilizar los embriones concebidos, con su marido o pareja, aunque no cuenten con su consentimiento o estén divorciadas.

El Tribunal Constitucional italiano ha dictaminado que las mujeres podrán utilizar los embriones concebidos, con su marido o pareja, aunque no cuenten con su consentimiento o estén divorciadas. Esto significa que el hombre no podrá revocar su paternidad tras una fecundación in vitro, y que solo la mujer podrá decidir sobre el futuro del embrión. Sin embargo, el hombre deberá asumir las responsabilidades relacionadas con el bebé. La sentencia sitúa en lugar preferente el derecho del embrión a desarrollarse y, por tanto, la voluntad de la madre cuando decide gestar a su hijo, al no poder satisfacer los intereses de ambas partes.
Esta sentencia es la primera de este tipo que ve la luz en Italia, y fue provocada por el caso concreto de una pareja de Lazio, que cuando ambos estaban casados recurrieron a la fecundación in vitro pero decidieron congelar los embriones por problemas físicos de la mujer. El matrimonio se separó legalmente en 2019, tres años después de haber congelado los embriones. Fue entonces cuando el marido retiró su consentimiento para la implantación de éstos en el útero de la mujer.
La sentencia también se pronunció contra la obligación de la implantación única y simultánea de todos los embriones producidos.

 La reproducción asistida ha sido regulada en Italia por vez primera en la Ley de 19 de febrero de 2004, núm. 40, la cual regula las técnicas de reproducción asistida.

La sentencia del Tribunal Constitucional italiano se basó en varios argumentos para proteger la dignidad humana del embrión, entre los que se incluyen:

- Reconocimiento del derecho del embrión a desarrollarse.

- Como consecuencia de esta situación preferente del derecho del embrión a desarrollarse, la de la voluntad de la madre cuando decide gestar a su hijo, al no poder satisfacer los intereses de ambas partes.

- Pronunciamiento en contra de la obligación de la implantación única y simultánea de todos los embriones producidos, lo que permite una mayor protección de la dignidad humana del embrión al permitir su desarrollo en el momento adecuado.

- Además, otros documentos y sentencias mencionan que el embrión tiene una dignidad ontológica que va en aumento según las diferentes etapas de su desarrollo y que aunque el embrión no sea persona, merece protección "en nombre de la dignidad humana".

 En resumen, la sentencia se basó en el reconocimiento del derecho del embrión a desarrollarse y en la protección de su dignidad ontológica, lo que permitió la toma de decisiones en favor del embrión en lugar de satisfacer los intereses de ambas partes.

ANDORNO: Es el momento de fijar límites al desarrollo de la neurotecnología.

Interesantísima entrevista, que reproducimos en su totalidad, al Profesor Andorno en Elperiodic

Los rápidos avances en neurociencia y neurotecnología abren un conjunto de posibilidades sin precedentes “en el acceso, colecta, diseminación y manipulación de datos del cerebro humano”, ha afirmado Roberto Andorno, profesor de la Universidad de Zürich (Suiza), en el Congreso Interuniversitario Nuevas Fronteras en Neuroética, organizado por el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia (UCV). Este veterano jurista argentino no comparte la “fe ciega” en el desarrollo tecnológico de ciertos sectores científicos y empresariales.  

Desde el derecho, Andorno lleva años ocupándose de la dignidad humana como materia de investigación, y como miembro de organismos internacionales que asesoran o regulan en cuestiones de derechos humanos y biomedicina. Ese papel doble le permite plantear propuestas realistas ante estos desarrollos que, en su opinión, plantean “importantes desafíos” que deben abordarse “para evitar consecuencias no deseadas”. Por esa razón, el profesor de la Universidad de Zürich considera que “es el momento de actuar en función del interés común y fijar límites al desarrollo de la neurotecnología antes de que éstos se deban imponer por la práctica, antes de que ya no se puede hacer nada”. 

“Desde el punto de vista jurídico, el mundo actual no está preparado para el avance exponencial de la neurociencia y la tecnología que la rodea. No sólo en cuanto a las legislaciones de cada nación; también el marco actual de derechos humanos es insuficiente. Dado que la ciencia y la tecnología son internacionales, la respuesta que demos a las amenazas que se puedan derivar de ellas también ha de serlo. Es necesario un marco normativo internacional frente al avance científico-tecnológico”, ha señalado.  

La necesidad de cuatro nuevos derechos humanos 

El peligro de estos avances parte “de las posibilidades que ha abierto la interacción del cerebro con dispositivos neurotecnológicos, chips implantados en nuestras cabezas pueden ‘leer’ el cerebro y así recoger datos cerebrales, con lo que eso implica en términos de privacidad. En segundo, esos dispositivos pueden ‘escribir’, es decir, modular, influir, potenciar nuestras capacidades cognitivas”. 

Así, Andorno ha explicado que “es la primera vez que se puede acceder directamente a la información del cerebro y que existe la capacidad de modificar la conducta, la personalidad, la identidad de alguien, de algún modo. Usado con malas intenciones, todo ese potencial puede resultar muy peligroso. Estamos tocando, entre otros asuntos, la libertad de pensamiento y es algo que debería preocuparnos”.  

Andorno y el profesor Marcello Ienca, del Instituto Federal Suizo de Tecnología, proponen en un reciente artículo de investigación la formulación de cuatro nuevos derechos humanos para responder a los desafíos que supone el avance neurotecnológico para la libertad de pensamiento”. Protegerla es el principio general de esas novedosas normas, siendo la primera de ellas el derecho a la “libertad cognitiva”. 

“Hay que salvaguardar la capacidad de autodeterminación de la persona. En ese sentido, la libertad cognitiva hace referencia al derecho a seguir ejerciendo la facultad extraordinaria que es el pensamiento humano, sin que éste se vea condicionado o determinado por terceros. Ejemplo de esto podría ser un Estado totalitario que se apropie de estas tecnologías para condicionar a sus ciudadanos, evitar críticas, terminar con cualquier oposición, por ejemplo. Es decir, el asunto presenta perspectivas bastante aterradoras, pues lo que está en juego ahora no es sólo la manifestación externa del pensamiento, sino el propio foro interno”, ha expuesto. 

Operarios chinos obligados a portar en la cabeza dispositivos que controlan su concentración 

Otra inclusión legislativa necesaria es el “derecho a la privacidad mental”, que ampliará a los “datos mentales” el ya existente derecho a la privacidad, según ha apuntado Andorno: “Éste es el que se halla más inmediatamente en peligro dada la gran variedad de dispositivos de acceso a nuestros datos cerebrales que son una realidad ya en 2023. Se utilizan desde el área médica y clínica, pero también pueden utilizarlos los propios ciudadanos como consumidores. A través de esta tecnología podemos hacernos un ‘selfie’ del cerebro, medir nuestra capacidad cognitiva, nuestro nivel de depresión o nuestra memoria, entre otros”. 

“Hay empresas automovilísticas que ofrecen ahora un dispositivo, basado en el electroencefalograma, que controla tu capacidad de concentración cuando conduces y te alerta si te duermes o te distraes. De hecho, en algunas fábricas de China se exige ya a los operarios colocarse un dispositivo en la cabeza que controla su concentración en el trabajo y su nivel de estrés, entre otros datos mentales. El jefe de la empresa recibe esa información en tiempo real y puede tomar medidas ante quien no esté lo suficientemente concentrado. Y ahora lo están probando también con los niños en el colegio. Me parece un procedimiento inhumano. No somos robots, tenemos derecho a distraernos”, ha afirmado.  

Esos dispositivos pueden “hackearse”, ha explicado Andorno, que cree “obligatorio” dar el paso de “obligar a las empresas que producen estos dispositivos a tratar de limitar su uso a unos fines específicos, o que se ‘anonimicen’ los datos, o a restringir el acceso sólo a la persona a quien pertenecen”. Se trata de un ámbito jurídico “que todavía no está desarrollado y sobre el que hay que ponerse a trabajar”. 

Proteger al ser humano de lavados de cerebro que cambien su personalidad 

El tercer derecho humano que debería crearse hace referencia a la “integridad mental”, ha remarcado el profesor argentino: “Este derecho no se ocupa tanto de la protección de los datos mentales, sino a evitar que los dispositivos neurotecnológicos se usen de un modo tal que cause daño a la dimensión psicológica de la persona. Pensemos, por ejemplo, en el dispositivo de estimulación cerebral profunda que se utiliza para evitar los movimientos involuntarios del cuerpo en personas con párkinson. Este aparatito tiene un elemento externo conectado a unos electrodos, y alguien podría hackearlo para que la descarga eléctrica sea mayor de la prevista y así causar daño al paciente”. 

Finalmente, Andorno ha argumentado que la última de esas cuatro normas fundamentales sería el “derecho a la continuidad psicológica”, que buscaría “proteger la identidad de la persona a través del tiempo”. Es decir, que cada ser humano “siga siendo él mismo, sin interferencias externas o lavados de cerebro”. Aunque parezca ciencia ficción, “se han realizado ya estudios en animales que muestran la posibilidad de eliminar partes de la memoria de modo selectivo. Esto podría alterar la personalidad de alguien, quién es. En cierto modo, somos el producto de nuestro pasado, nuestros recuerdos”.  

“No obstante, no todo es blanco o negro. La utilización de esta tecnología en pacientes que han pasado por alguna experiencia traumática podría tener un efecto terapéutico beneficioso, como una mujer que ha sufrido una violación o un excombatiente con síndrome de estrés postraumático. Pero hay que darle muchas vueltas a esto. Por ejemplo, ¿sería ético eliminar parte de la memoria de un asesino en serie para intentar neutralizar esa tendencia criminal? ¿tenemos derecho a alterar tanto la identidad de alguien? Estamos pisando arenas movedizas. Hay que discernir muy bien”, ha aducido. 

Neurodisciminación: la futura desigualdad social 

La inteligencia artificial (IA) “potencia enormemente las posibilidades actuales de la neurotecnología. Debería ser posible delimitar la utilización de estos avances sólo a esas finalidades positivas”, pero Andorno no hablaría de “prohibir”, aunque le surgen “dudas” con el uso que podría darse fuera del ámbito clínico “a las técnicas de ‘neuroenhancement’ o mejoramiento neural”. Podrían generar “problemas de injusticia a nivel social, la llamada neurodiscriminación”. 

“Del mismo modo que sucede con el dopaje en el deporte, las personas que tengan acceso a esas técnicas de mejora cognitiva estarían en una situación de ventaja sobre el resto; desde el rendimiento académico a optar a puestos de trabajo, además de otras situaciones”, ha advertido el profesor de la Universidad de Zürich”. 

Embriones sintéticos, pero ¿son embriones humanos?

Es obvio que esta noticia ha tenido una gran repercusión en todos los ámbitos por su trascendencia, ya que nos lleva a pensar rápidamente en cuáles son los límites a la investigación: Un equipo de investigadores de Estados Unidos (EE.UU.) y Reino Unido creó las primeras estructuras sintéticas del mundo similares a embriones humanos, partiendo del uso de células madre, evitando la necesidad de óvulos y espermatozoides, lo que ha generado honda preocupación en el mundo de la bioética.

Las estructuras embrionarias artificiales se encuentran en las fases más tempranas del desarrollo humano, por el momento, no tienen corazón ni cerebro, pero los científicos dicen que algún día podrían ayudar a comprender mejor las enfermedades genéticas o las causas de los abortos espontáneos.

La investigación, que plantea aspectos legales y éticos de vital importancia, fue dirigida por la bióloga Magdalena Żernicka-Goetz, de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Un detalle importante es reclacar que muchos países, entre ellos EE.UU., carecen de leyes que regulen la creación o el tratamiento de embriones sintéticos.

Zernicka-Goetz presentó el estudio el miércoles pasado en la reunión anual de la Sociedad Internacional de Investigación con Células Madre en Boston, donde explicó que el objetivo de su investigación no era crear vida, sino evitar su pérdida, entendiendo por qué a veces los embriones no se desarrollan tras la fecundación y la implantación.

Obviamente, el nivel de avance de los descubrimientos en este campo y la creciente sofisticación de estos modelos mantiene alarmado a todo el mundo de la bioética, ya que, como decimos, muchos afirman que se acercan cada vez más al límite de la vida.

«A diferencia de los embriones humanos procedentes de la fecundación in vitro (FIV), donde existe un marco jurídico establecido, en la actualidad no existe una normativa clara que regule los modelos de embriones humanos derivados de células madre. Urge una normativa que establezca un marco para la creación y el uso de modelos de embriones humanos derivados de células madre», declaró James Briscoe, director asociado de investigación del Instituto Francis Crick.

Por su parte, Rachel Ankeny, investigadora de bioética en la Universidad de Adelaide y ajena a la investigación, advirtió que actualmente los científicos se adhieren a una «regla de los 14 días» que restringe la utilización de embriones humanos en el laboratorio, estipulando que dichos embriones sólo pueden ser cultivados in vitro durante un máximo de dos semanas.
Indicó que “normativas como ésta, y otras nuevas que podrían surgir a medida que la investigación avanza, nos instan a reflexionar sobre cuestiones fundamentales como cuándo determinamos que la ‘vida’ comienza en un organismo, y qué tan semejante a un embrión humano debe ser un embrión sintético antes de que se le considere esencialmente idéntico”.

La citada investigadora Zernicka-Goetz explicó a la CNN que las estructuras embrionarias creadas por su laboratorio son las primeras en tener células germinales que se convertirán en óvulos y espermatozoides. Estos modelos se cultivaron a partir de células madre embrionarias humanas individuales obligadas a desarrollarse en tres capas de tejido distintas como un saco vitelino, una placenta y el propio embrión.

Aclaró, y esto es muy importante, que «no son embriones humanos, son modelos de embriones, que se parecen mucho a los humanos y son un camino muy importante hacia el descubrimiento de por qué no se logran tantos embarazos, ya que la mayoría fracasan alrededor del momento del desarrollo en el que construimos estas estructuras parecidas a embriones».

(Fuser)

BIOÉTICA Y SUICIDIO JUVENIL. LA PLAGA SILENCIOSA (I)

 

    Como hemos visto la bioética es una disciplina que se encarga de analizar y evaluar los dilemas éticos que surgen en el ámbito de las ciencias de la vida, de la salud, y de la vida misma, incluyendo, por tanto, el suicidio. En el contexto de la bioética, el suicidio se considera un tema muy complejo y delicado, ya que involucra cuestiones relacionadas con la autonomía, la dignidad humana, la libertad, la responsabilidad y la moralidad.

    En algunos casos, el suicidio se puede considerar una elección legítima y respetable de un individuo, especialmente si la persona está sufriendo una enfermedad terminal o una condición médica grave e incurable, que causa un gran dolor físico y emocional, y nadie puede enjuiciar tal decisión en situaciones extremas como éstas. Se puede argumentar que el derecho a la autonomía y la libertad de decidir sobre el propio cuerpo y la propia vida justifica la decisión de quitarse la vida. Nos evoca el libre albedrío.

    Sin embargo, en otros casos, el suicidio puede ser visto como un acto moralmente equivocado o inaceptable, especialmente si implica dañar a otras personas o si es el resultado de problemas de salud mental, adicciones o situaciones de crisis que pueden ser tratadas o superadas con la ayuda adecuada.

    En general, la bioética se preocupa por encontrar un equilibrio entre el respeto por la autonomía y la dignidad de los individuos y la protección de su bienestar y el de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, el suicidio es un tema que debe ser abordado con sensibilidad y considerando todos los aspectos relevantes, incluyendo las implicaciones éticas, sociales, religiosas y culturales.

    En concreto, el suicidio juvenil es un tema preocupante que requiere de una atención urgente, y que sin embargo todavía pasa desapercibido. Es una auténtica epidemia silenciosa.

    La bioética juega un papel importante en este tema, ya que implica cuestiones éticas y morales en torno al suicidio y la prevención del mismo en jóvenes. Según un artículo en Advances in Psychiatric Treatment, la mayoría de los suicidios están relacionados con enfermedades mentales, como la depresión y la dependencia del alcohol 

(https://www.cambridge.org/core/journals/advances-in-psychiatric-reatment/article/ethical-perspectives-on-suicide-and-suicide-prevention/68ECBD1F07C36A62E1CF1E8C3343AD4C)

 Esto subraya el papel de la atención médica en la prevención del suicidio juvenil.

    También se ha observado que la ideación y el comportamiento suicida son prevalentes y aumentan, con una mayor participación, en el ámbito de la delincuencia juvenil (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26084946/)

    Por otro lado, un artículo del New York Times destaca la crisis de salud mental entre los adolescentes en los Estados Unidos, lo que ha llevado a un aumento significativo en los intentos de suicidio en los jóvenes desde 2011.                                                               (https://www.nytimes.com/2022/04/23/health/mental-health-crisis-teens.html)

    El suicidio juvenil es, por tanto, un tema muy serio y preocupante en todo el mundo, incluyendo Canarias. Desafortunadamente, las tasas de suicidio juvenil en Canarias han ido en aumento en los últimos años. De hecho, Canarias es la primera comunidad de España en índice de suicidio juvenil, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. 

     Según el Instituto Canario de Estadística, en 2020 se registraron un total de 19 suicidios en menores de 25 años en las islas, lo que supone un aumento del 36% respecto al año anterior. Además, las tasas de intentos de suicidio en jóvenes también son alarmantes. Y ha aumentado este índice.

    Se ha estudiado mucho las causas del suicidio juvenil. Son complejas y pueden incluir factores como problemas de salud mental, bullying, presión académica, problemas familiares, abuso de sustancias y otros problemas sociales y personales.

    El suicidio juvenil es un problema complejo que requiere una atención urgente y un enfoque ético y médico. La prevención del suicidio en jóvenes es vital, y se debe abordar a través de la atención médica y la intervención temprana. Sin embargo la plaga sigue avanzando sin que se lleve a cabo un verdadero esfuerzo para, en principio, comprenderlo y seguidamente abordarlo con la seriedad que se merece. Y es urgente.

   

 

Nueva etapa, nuevos horizontes, nuevas esperanzas.

 

    Como es bien sabido la bioética es una disciplina que se ocupa de los aspectos éticos relacionados con la vida y la salud. En nuestra sociedad actual, la bioética juega un papel crucial en la toma de decisiones en campos como la medicina, la investigación científica y la tecnología biomédica.

    Sin embargo, la bioética no puede ser estudiada de forma aislada, ya que está intrínsecamente ligada a la sociedad y la cultura en la que se desarrolla. Ese fue precisamente el enfoque que quiso darle Von Potter, un puente entre culturas, incluso una tercera cultura. Por eso, en este blog nos enfocaremos en la interacción entre la bioética, la sociedad y la cultura.

    En lo que pretendo sea una nueva etapa de este blog, abordaremos temas como la autonomía del paciente, la dignidad humana, la justicia en la distribución de recursos médicos, la experimentación con seres humanos y animales, la manipulación genética, la responsabilidad social de los científicos y profesionales de la salud...en fin, de tantas cosas que, inevitablemente, serán siempre polémicas y de muchas otras que, como una cascada, van surgiendo todos los días ante los imparables avances biotecnológicos.

    Además, exploraremos cómo las diferentes culturas y sociedades abordan estos temas y cómo esto puede afectar a la toma de decisiones y a las políticas públicas en diferentes países y regiones.

    En definitiva, este blog buscará contribuir al debate y la reflexión sobre la bioética y su relación con la sociedad y la cultura, con el objetivo de fomentar no solo una práctica más ética y responsable en la medicina y la investigación biomédica, sino también un mayor entendimiento entre posiciones tradicionales y los nuevos avances tecnológicos que, quizás, no estén tan separados y enfrentados.