A medida que el régimen de Asistencia Médica para Morir (MAID) en Canadá se expande, se encuentra con una creciente resistencia. Una crítica frecuente y poderosa en los medios es que algunas personas con enfermedades crónicas, cuya muerte no es razonablemente previsible, eligen morir debido a la pobreza y a la insuficiencia de los servicios sociales. Estas personas no desean morir, pero sienten que no tienen otra opción.
Tal como resalta Michael Cook, los detractores argumentan que estos casos demuestran que las personas están siendo forzadas a elegir la eutanasia y no pueden tomar una decisión verdaderamente autónoma. No obstante, puede que estén luchando contra la corriente. Según una encuesta reciente de Research Co, más de uno de cada cuatro canadienses permitiría la eutanasia para personas sin hogar (28%) y por pobreza (27%). Aún más sorprendente es que la encuesta mostró que el 50% de los canadienses permitiría la eutanasia para las personas que no han podido acceder al tratamiento médico y el 51% para las personas con discapacidad.
Los millennials están aún más a favor. Mario Canseco, director de Research Co, señala en un artículo de opinión en Prince George Citizen que "los adultos más jóvenes de Canadá están muy por delante de sus contrapartes mayores al creer que estas dos razones son lo suficientemente convincentes como para que una persona solicite asistencia médica al morir (60% por discapacidad y 57% por tratamiento médico no disponible)".
Cuando se les preguntó sobre el castigo apropiado para un padre que es declarado culpable de ayudar a morir a un hijo o una hija con una enfermedad terminal, uno de cada cuatro canadienses (24%) no elige ningún castigo.
Una gran mayoría, el 73%, apoya la legislación de eutanasia del país, que ha sido calificada como la más radical del mundo.
Los canadienses están divididos cuando se preguntan si la enfermedad mental debería ser una justificación para que un adulto busque asistencia médica para morir: el 43% apoya esta idea, mientras que el 45% se opone. El gobierno federal ha retrasado una decisión final sobre la elegibilidad relacionada con la enfermedad mental hasta marzo de 2024.
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